La consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, Leire Iglesias, ha resaltado la importancia y necesidad de una política pública de vivienda como derecho y ha abogado por que la vivienda se convierta en el quinto pilar del Estado de bienestar.
Así lo ha expresado en la Asamblea de Extremadura, donde ha comparecido a petición propia para informar sobre las líneas generales del próximo Plan de Vivienda de Extremadura.
“Disponemos ya de un hito intermedio en el diseño del que queremos que sea, acordado con la concertación social en un tiempo breve, el mejor plan de vivienda posible para una política que, si bien no hizo parte de los derechos fundamentales en nuestra Carta magna, conquiste por la vía de los hechos el convertirse en el quinto pilar del Estado de bienestar”, ha recalcado.
La consejera se ha referido al papel de la vivienda en el contexto actual: “vivimos en un tiempo de enormes sobresaltos e incertidumbres y si algo debe quedar sentado en las bases y líneas de este plan, que traemos para su conocimiento y debate, es que tenga como objetivo que la vivienda no haga parte de ellos”.
“Lo vemos y vivimos también frente a las crisis migratorias, es importante no perder la perspectiva global, por muchas consecuencias económicas que arrastra la decisión unilateral de un país de invadir a otro, es difícil imaginar lo que debe suponer abandonar tu hogar y, con ello, toda una vida”, ha agregado.
La consejera ha asegurado que el futuro “debe aprender de las experiencias pasadas, las más y las menos exitosas, del análisis y el diagnóstico, de los avances, acuerdos y concreciones que se han considerado en el Plan estatal de vivienda, de la capacidad para adaptar los programas y actuaciones a una sociedad diferente, a nuevas realidades y necesidades, y de la participación”.
En este sentido, ha agradecido a los centenares de personas, organizaciones, colectivos de todos los sectores, grupos políticos, que han participado en la elaboración del análisis y diagnóstico del Plan. “Consolidar una red para la participación y evaluación continua, de más agentes participando de los procesos y los derechos, nos hará mejores y está más que demostrado que son modelos de éxito”, ha aseverado.
Asimismo, Iglesias considera fundamental la coordinación y cooperación institucional, especialmente con lo local y desde lo local, así como la colaboración público-privada y “contar así con un sector de la construcción que vive un momento de alta demanda y altos desafíos”.
MARCO ESTRATÉGICO Y RETOS
De este proceso de análisis y participación emana un marco estratégico que contiene 6 retos, 9 objetivos generales, una treintena de objetivos específicos y una cantidad de propuestas de actuaciones “que toca ahora ultimar y cuantificar en este plan, que no se definirá solo mediante líneas de ayudas, contendrá ayudas con transferencias y programas de desarrollo directo y colectivo”.
La consejera ha puesto de relieve la importancia de procurar la función social de la vivienda y de adecuar el marco normativo para ello y ha desgranado algunas de las líneas de actuación, como crear un fondo de garantía para la adquisición de vivienda que permita avalar la parte del préstamo de la vivienda habitual para quienes no tengan acceso al crédito, especialmente jóvenes con menos capacidad de ahorro; establecer garantías para el uso habitacional de la vivienda, evitando el hacinamiento que se da con carácter puntual en algunos municipios en momentos concretos y poner por delante la protección de la infancia para impedir que los menores puedan en ningún caso ser desalojados de sus viviendas sin un mecanismo de protección adecuado.
Por otro lado, ha incidido en el objetivo de que no se destine más del 30% de los ingresos al pago de la vivienda, “que el esfuerzo financiero esté por debajo de esa cuantía para poder tener una vida digna y adecuada, con carácter general este objetivo se cumple en la región, en alquiler y compra, pero no para todo el mundo, hay sectores fuera de esas circunstancias”.
En cuanto a la vivienda pública ha destacado que, para tener más alcance, se va a definir “una nueva tipología de vivienda protegida de alquiler asequible pública y privada, para lo que se ha ofrecido ya suelo en los principales municipios de Extremadura y se prevé una inversión de 17 millones y el inicio de la promoción de cerca de 350 viviendas, lo que tendrá además impacto directo en la moderación de los precios del alquiler mediante el incremento de oferta”. Asimismo, ha avanzado una modificación de la VPO, “no solo del precio del módulo, que permita nuevas necesidades de familias, de convivencia y de espacios”.
VIVIENDA SOCIAL
Sobre la vivienda social, ha puesto de relieve que “debe estar presente en el plan para modificar los procesos de adjudicación y gestión, con mayor participación y empoderamiento de sus residentes en la toma de decisiones sobre los espacios en los que residen y mayor dotación, incrementando su número, mediante la promoción de nueva vivienda de promoción pública y la adquisición de vivienda pública, con una inversión de 1.250.000 euros, que evitará problemas de gentrificación y ghettos del pasado”.
A estas inversiones, ha añadido, se unirán 10 millones para la sostenibilidad, rehabilitación integral o energética del parque público para acabar con la pobreza energética y ha destacado una partida de 3 millones, consignados en los presupuestos regionales, para la conservación y recuperación de viviendas del parque público.
La consejera ha incidido en la atención a la exclusión y a la emergencia social a través del mantenimiento de las ayudas en situaciones de emergencia habitacional en colaboración con las entidades sociales, “con programas piloto muy efectivos mediante el reconocimiento de ayudas al pago de renta en los casos que no haya viviendas sociales disponibles”.
También ha manifestado que se cumplirá con los acuerdos de la Ley de reto demográfico mediante ayudas a la compra para jóvenes en municipios de hasta 10.000 habitantes, más del 90% de los municipios de la región. Ha recordado que “los jóvenes extremeños también podrán acceder a los 12 millones que se destinarán al bono alquiler joven, el mayor presupuesto dispuesto nunca para este fin, y se va a mantener la autopromoción como un modelo de éxito marca Extremadura que funciona”.
Por otro lado, la consejera se ha referido a la intervención en los cascos urbanos, a su rehabitación mediante la cesión y la rehabilitación de viviendas y a la recuperación de viviendas vacías. “Basta de gente sin casas y casas sin gente, si una casa sin gente tiene como último fin la especulación tendremos que poder intervenir para garantizar su función social y de la mano de los ayuntamientos elaborar un censo de viviendas vacías, gravar el incumplimiento de su función y desarrollar el cumplimiento del impuesto a los grandes tenedores modificando y adaptando la ley 11/2019”, ha puesto de manifiesto.
Asimismo, Leire Iglesias ha destacado la inversión que se destinará para aumentar la eficiencia energética de la vivienda. “El 74% de nuestro parque edificado es anterior al 2000 y el 92% a la existencia del código técnico de la edificación. Será la mayor inversión pública dispuesta nunca, empezaremos por 4.500 viviendas mediante ayudas privadas, ya puestas a disposición de la ciudadanía, y actuaciones públicas, a las que se suman las bonificaciones tributarias, los avales para facilitar el crédito y el ahorro energético procurando así un beneficio personal, un alto rendimiento social y una contaminación casi nula”, ha remarcado.
Por último, ha subrayado la importancia de la simplificación administrativa, la mejor gobernanza del parque de vivienda, la cooperación, así como la concurrencia directa, el acceso, pago anticipado y digitalización de las ayudas.
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