La vicepresidenta y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, ha instado a los grupos parlamentarios a sentar las bases de un nuevo consenso en torno a la estabilidad presupuestaria, para reclamar un reparto equitativo del objetivo de déficit, que tenga como base la defensa de los intereses de los extremeños y devuelva a la disputa política sobre esta materia la lealtad y sensatez de las que hoy carece.
Así lo ha expresado en el Pleno de la Asamblea de Extremadura, en el que Blanco-Morales ha comparecido para explicar la evolución del déficit en la región desde 2008 hasta la actualidad, una cuestión que ha sido debatida por el Parlamento extremeño en tres ocasiones en las últimas tres semanas.
Un consenso en esta materia que debe incidir en la flexibilización en el tiempo y en la equidad en el reparto de los objetivos de estabilidad, en la necesidad de que se ejecuten las inversiones extraordinarias y en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Estatuto de Autonomía, y que conllevan transferencias financieras del Estado a Extremadura, según ha explicado la vicepresidenta y titular de Hacienda.
En cuanto a la evolución de este indicador, Blanco-Morales ha señalado que el déficit extremeño fue de 1,17% (2008), 1,78% (2009), 2,45% (2010) y del 4,57% (2011). En este último ejercicio presupuestario de 2011, y a fecha de junio, el indicador se situó en el 2,7%, por lo que el incremento hasta la cifra definitiva fue responsabilidad del nuevo ejecutivo autonómico.
Durante la posterior legislatura, entre 2011-2015, Extremadura cumplió con el objetivo marcado por el Gobierno central en 2012 y 2013. Esto fue fruto, por un lado, de los ingresos extraordinarios recibidos por el Impuesto Bancario (240 millones de euros) y por la sentencia sobre los gastos derivados del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), 28 millones de euros.
Y, por el otro, consecuencia de los recortes ejecutados en políticas sociales, como la reducción de los puntos de atención continuada, el ahorro en las retribuciones de los interinos, la congelación de las oposiciones de docentes, la reducción de las ayudas a la dependencia, las familias o las becas de libros y material escolar, entre otras cuestiones. Sin embargo, los incumplimientos volvieron a registrarse en los dos ejercicios posteriores.
En 2015, cuando se produjo el cambio de Ejecutivo regional, Extremadura ya sobrepasaba el objetivo de estabilidad marcado por el Estado, 0,9 frente al 0,7% establecido, situación que obligó a presentar un Plan Económico-Financiero para corregir la desviación, y la posibilidad por parte del Ministerio de Hacienda de intervenir las cuentas regionales.
Entre 2016 y 2017, la titular de Hacienda ha explicado que Extremadura habría estado muy cerca de cumplir el objetivo de déficit si no se hubiesen dado tres circunstancias: la sentencia del Tribunal Constitucional por la deuda de las eléctricas (un 0,3% sobre el déficit), la imposibilidad de certificación de Fondos FEDER (0,6%) y el incumplimiento del Protocolo firmado el 2 de diciembre de 2015 con el Gobierno central (0,2%).
Un cumplimiento que sí se produjo en 2018, cuando Extremadura alcanzó la estabilidad presupuestaria, lo que significa la reducción de 465 millones acumulados en 2015, un 2,64% del PIB regional, y cumplió con todos los indicadores fijados por el Gobierno central: déficit, deuda, regla de gasto y pago a proveedores.
La vicepresidenta extremeña ha mantenido el compromiso de este Gobierno con la estabilidad presupuestaria sin descuadrar la vida de la gente, y cuya ejecución está supeditada a la realidad económica y financiera de Extremadura.
En este sentido, ha reclamado un Plan de Consolidación Fiscal en España, ya que la Comunidad extremeña tiene un problema de rentas, antes que de ingresos.
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