La consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García, ha presidido esta mañana la reunión del Consejo Asesor del Agua de Extremadura (CONAEX) donde ha resaltado que “el agua es un recurso esencial para la vida y la economía de la sociedad extremeña” y por ello, la seguridad hídrica “es cada vez más compleja y urgente”, debido, entre otras cosas, a los efectos hidrológicos relacionados con la emergencia climática que afecta su disponibilidad, calidad y cantidad.
Desde la Junta de Extremadura se trabaja para que el agua esté en primera línea de la agenda política por todo lo que representa como recurso indispensable, pero también con vistas a afrontar un futuro que se atisba complicado.
Por ello, se ha presentado al CONAEX el Anteproyecto de Ley del Ciclo Urbano del Agua de Extremadura con el que la Junta de Extremadura busca que la región se adapte a los tiempos y necesidades actuales, afrontando el cambio climático, aclarando competencias, avanzando en la necesaria colaboración entre administraciones, fomentando la gobernanza participativa, y afianzando la planificación y sostenibilidad de los servicios e infraestructuras.
La Junta de Extremadura busca la máxima participación social en este Anteproyecto que ya se ha sometido a consulta pública previa y próximamente entrará en fase de información pública y audiencia, a lo que se une que dentro del CONAEX se ha creado un grupo de trabajo que debe emitir un informe sobre el mismo.
Por otro lado, en el CONAEX se han dado a conocer los proyectos que en materia de depuración y abastecimiento se van a realizar en los próximos años con cargo a los nuevos fondos europeos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En este sentido, la consejera ha destacado el importante esfuerzo inversor en infraestructuras de depuración y abastecimiento de aguas por más de 87 millones de euros para nuevas depuradoras en aglomeraciones mayores de 2.000 habitantes y, por otro lado, nueve millones en las inversiones en abastecimiento en municipios menores de 20.000 habitantes para mejoras en el abastecimiento y reducción de pérdidas en redes.
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