La vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, ha resaltado que la Ley de Racionalización y Simplificación Administrativa sitúa a Extremadura a la vanguardia y como referente de la una Administración ágil y eficaz.
Así se ha pronunciado en la clausura de la jornada sobre la norma extremeña, que se ha celebrado los días 9 y 10 de marzo en la Escuela de Administración Pública.
La titular de Administración Pública ha destacado que la Junta de Extremadura inició la legislatura con el compromiso de transformar de raíz la Administración, y no porque no funcionara, sino por el convencimiento de que nos enfrentábamos a un tiempo en el que las cosas sucedían muy rápido y había que dar un paso más para adaptarnos a una forma de trabajar más dinámica y próxima al ciudadano.
Blanco-Morales ha remarcado que Extremadura es la única comunidad que cuando habla de simplificación no solo se refiere a la atracción de nuevas empresas, sino que también atiende a las ya existentes y, sobre todo, se dirige a los extremeños ante cualquier trámite y relación que tengan con la Administración.
Una labor que no sería posible, ha asegurado, sin la implicación de los empleados públicos, cuyo trabajo diario permite hacer más fácil la vida al ciudadano en sus trámites y acompañar a las empresas en el proceso de puesta en marcha, desarrollo y sostenimiento de sus proyectos.
La vicepresidenta primera ha asegurado que los empleados públicos son el soporte de la Administración, como se ha demostrado en los 40 años de autonomía que ahora se cumplen, anteponiendo los ciudadanos y el servicio, incluso frente a las rigideces administrativas, para lo cual son importante herramientas que faciliten el trato, que alivien las cargas y que aceleren las respuestas que reclaman los administrados.
PRINCIPIOS DE LA NORMA EXTREMEÑA
Blanco-Morales ha recordado que la ley de simplificación y racionalización se concibió con tres objetivos fundamentales, el primero dirigido a contar con un modelo de gestión flexible para la puesta en marcha de las políticas públicas, y en que la gobernanza por proyecto determine la manera de concebir las iniciativas.
La segunda, ha proseguido, contempla la racionalización del régimen general de intervención administrativa con base en el principio de intervención mínima, mientras que el tercer objetivo es la simplificación administrativa en todos los ámbitos competenciales, a través de la eliminación de obstáculos que impidan o dificulten su realización y mediante su flexibilización, su agilización y la reducción de los plazos.
Por todo ello, es, ha sostenido la titular de Hacienda, una norma ambiciosa e innovadora, al servicio de los ciudadanos y del progreso de Extremadura.
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