La Junta de Extremadura ha promovido una serie de medidas de agilidad en el ámbito de la contratación pública con el objetivo de responder al impacto económico de la pandemia y paliar las necesidades de financiación de los proveedores.
La vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, ha expuesto estas medidas ante el Pleno de la Asamblea de Extremadura, celebrado este jueves, para su convalidación.
Estas actuaciones, incluidas en el Decreto-ley 4/2020, de 1 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias en el ámbito de la contratación pública para responder al impacto de la crisis ocasionada por la COVID-19, pretenden, asimismo, ofrecer soluciones eficientes para el mantenimiento de los servicios públicos.
Blanco-Morales ha explicado que, desde el inicio de la crisis sanitaria, se puso de manifiesto la importancia de una gestión pública ágil y que supiera dar respuesta a las necesidades imperiosas que se generan para hacer frente a esta emergencia sanitaria.
La normativa estatal ya recoge, ha recordado la titular de Hacienda, como prioritarios los contratos que atiendan a esta causa a través del Real Decreto-ley 7/2020, aprobado incluso antes de la declaración del Estado de Alarma, medidas que se completaron posteriormente con el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19.
La acumulación de procedimientos y trámites, que se extenderá presumiblemente más allá del Estado de Alarman, afecta al entorno empresarial vinculado con la contratación pública y al funcionamiento de los propios servicios públicos.
Por ello, el Decreto-ley 4/2020 incluye tres importantes medidas en este ámbito. La primera, establece la prórroga forzosa de los contratos de servicios y suministros que finalicen en los próximos seis meses, de forma que se garantiza la continuidad de los servicios ordinarios e imprescindibles y evitan efectos negativos para las empresas y sus trabajadores.
En segundo lugar, la norma extremeña arbitra un sistema general de pagos parciales a cuenta sobre lo realmente ejecutado en contratos públicos de servicios y suministros. Esta medida permite que la financiación llegue a los proveedores que han suspendido su actividad por las medidas de confinamiento social y que, sin esta opción, no cobrarían por sus servicios hasta la finalización de los mismos.
Y, en tercer lugar, el Decreto-ley permite que todos los recursos públicos regionales se pongan de modo expreso a disposición de la salud de los extremeños.
De esta forma, ha mantenido la vicepresidenta, se allana la colaboración entre los departamentos de la Administración en cuanto a facilitar la tramitación y el pago de los contratos públicos que dan cobertura a los gastos necesarios para hacer frente a la pandemia.
Por último, Blanco-Morales ha reiterado que la prioridad de la Junta de Extremadura es la protección de la salud y la seguridad de las personas. Y, al mismo tiempo, tratar de minimizar el riesgo de que la ralentización de la economía tenga un impacto estructural, sobre todo en el empleo, que suponga un lastre para la recuperación económica y social cuando pase esta situación excepcional.
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