La presidenta de la Junta de Extremadura, Maria Guardiola, dio cuenta al Consejo de Gobierno. Autorizó la interposición del recurso de inconstitucionalidad frente a la Ley Orgánica 1/2024 de 10 de junio. Esta es la Ley de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña (conocida como “Ley de Amnistía”). Esta ley ya había sido aprobada previamente en Consejo de Gobierno el pasado 30 de junio.
La portavoz del Gobierno extremeño, Victoria Bazaga, ha detallado en rueda de prensa.
Ella explicó los motivos principales para la impugnación de la Ley de Amnistía.
Explicó los motivos principales en una rueda de prensa.
Ella mencionó que dicha ley “vulnera el principio de separación de poderes, auténtico pilar de nuestro Estado de Derecho”.
Además, “atenta contra el derecho de los españoles a la igualdad ante la ley”. Esto infringe el artículo 14 de la Constitución Española. También infringe el artículo 20 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Bazaga ha manifestado que “la Ley de Amnistía está confiriendo un beneficio. Está eliminando sus responsabilidades penales, contables y civiles. Esto beneficia a unos ciudadanos por el mero hecho de haber realizado las conductas delictivas en una determinada comunidad autónoma”.
Con la presentación de este recurso de inconstitucionalidad, la Junta de Extremadura se manifiesta de forma inequívoca. Defiende la igualdad de trato a los ciudadanos. Lo hace con independencia del territorio en el que residan.
“El Gobierno de María Guardiola no va a permitir que se establezcan diferencias. Estas diferencias socavan la cohesión social y territorial y la unidad de nuestro país”, ha manifestado Bazaga.
La Junta de Extremadura también ha presentado ante el Tribunal Constitucional recusación frente al presidente Cándido Conde-Pumpido Tourón. La recusación también incluye a los magistrados Juan Carlos Campo Moreno y Laura Díez Bueso. Instan a que se acuerde su definitivo apartamiento de este proceso constitucional. “Consideramos que los tres están inhabilitados para debatir sobre el encaje de ley en la Constitución. Esto es debido a su falta de imparcialidad por su actividad política,” ha explicado la portavoz.
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