Con esta subvención se promueve la mitigación de efectos perjudiciales para el medioambiente, reducción de riesgos y aumento de la seguridad de las personas.
La Diputación de Badajoz lanza su II Plan de Eliminación del Fibrocemento a través de una convocatoria de subvención pública publicada hoy, 25 de octubre, en el Boletín Oficial de la Provincia, en la que se invertirán 400.000 euros. Esta misma cantidad se destinó en 2021, lo que suma un total de 800.000. En 2021, en el primer Plan, se dedicó a la retirada del amianto en colegios y centros de infantil públicos municipales.
El amianto o fibrocemento es una sustancia peligrosa para la salud que aún continúa presente en muchas de las construcciones y edificaciones de nuestros municipios. Por ello, dentro de las políticas públicas de la Diputación de Badajoz se trabaja a través de diferentes proyectos y programas en los que se colaborara para proteger el medio ambiente, salvaguardar el entorno y paliar los efectos que puede producir en la ciudadanía.
Esta nueva batería de ayudas, al igual que ocurrió en el I Plan Provincial, también van destinadas a los municipios que tengan una población igual o menor a 20.000 habitantes, cuyos gastos subvencionables van dirigidos a la financiación de redacción de proyectos o memorias valoradas junto a las obras necesarias para llevar a cabo la retirada de elementos de fibrocemento, y su entrega en centros autorizados en los colegios o centros de educación infantil públicos de las entidades locales menores y municipios.
Con actuaciones como esta, la Diputación de Badajoz aumenta su compromiso y voluntad de colaborar con los pequeños ayuntamientos en la mejora de la prestación de servicios públicos. Con este proyecto de subvención se pretende ayudar en la aplicación de la ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
Las metas diseñadas para esta colaboración consisten en implementar políticas y planes provinciales que promueven la mitigación de efectos perjudiciales para el medioambiente, reducir riesgos y aumentar la seguridad de las personas.
Hay que recordar que la disposición adicional 14ª de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, da un plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley para que los ayuntamientos elaboraren un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto incluyendo un calendario que planifique su retirada. Esta retirada priorizará las instalaciones y emplazamientos atendiendo a su grado de peligrosidad y exposición a la población vulnerable. En todo caso las instalaciones o emplazamientos de carácter público con mayor riesgo deberán estar gestionadas antes de 2028.
Tanto el censo como el calendario, que tendrán carácter público, serán remitidos a las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales competentes de las comunidades autónomas, las cuales deberán inspeccionar estos datos para verificar, respectivamente, que se han retirado y enviado a un gestor autorizado. Los trabajos realizados tanto en el primer como segundo plan anual de fibrocemento pueden ayudar a los pequeños ayuntamientos a reducir la inversión que tendrán que realizar para cumplir con la normativa vigente, y es esta cooperación económica y técnica a los municipios una de las principales competencias de la Diputación Provincial.
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