La buena gestión de la cartera de deuda de Extremadura reduce el impacto de las subidas de tipos de interés y es sostenible a corto y largo plazo

La buena gestión de la cartera de deuda de Extremadura, de bajo riesgo y de bajo coste financiero, reduce el impacto de las subidas de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo y permite que la deuda sea sostenible a corto y largo plazo.

Así lo ha asegurado el secretario general de Presupuestos y Financiación, Isidoro Novas, en la Comisión de Hacienda de la Asamblea, quien ha explicado que la deuda autonómica a 30 de agosto de 2022 asciende a 5.100 millones de euros, de los cuales 5.066 corresponden al ámbito de Administración General.

El 87´4% de dicha deuda, un total de 4.428,7 millones de euros, es a tipo fijo; mientras que el 12´6% restante, 637´2 millones de euros en números redondos, está sujeta a tipos de interés variables y, por tanto, solo dicha cantidad está sujeta a las fluctuaciones del mercado financiero.

Novas ha afirmado que, en función de las estimaciones realizadas por la empresa de consultoría financiera Analistas Financieros Internacionales (AFI), la estimación de impacto tras las subidas de junio y septiembre será de 2 millones de euros en 2022, de 7´3 millones de euros en 2023 –aunque el impacto presupuestario es de 10 millones de euros, los flujos de los swap lo reducen a 7´3- y de 9´1, en 2024.

Este reducido impacto es posible, según ha mantenido el secretario general, a la distribución de la cartera de deuda de Extremadura. Cabe señalar que el Ejecutivo regional ha refinanciado más de 3.000 millones de euros entre 2015 y 2021, de forma que el coste de la deuda se ha reducido del 2´1% al 0´7%. Novas ha resaltado que estas refinanciaciones han supuesto un ahorro de 41 millones de euros, solo en el ejercicio de 2021.

El secretario general ha destacado que el incremento de los tipos variables impacta de forma reducida en la cartera regional. A pesar de que los tipos referenciados a Euribor a tres, seis y doce meses se ha incrementado en 125, 175 y 228 puntos básicos, respectivamente, el coste de la cartera extremeña solo ha subido 16 puntos básicos. Esto supone que por cada 50 puntos básicos de subida, los intereses de la deuda aumentan en 2´9 millones de euros.

Los bajos intereses que la Junta de Extremadura paga por su deuda permiten contar un margen suficiente para asumir costes mayores. Una cuestión que se refleja de forma clara si se realiza una comparativa desde 2015 a la actualidad. En el ejercicio de 2015, el Ejecutivo pagó 98´6 millones de euros de intereses, frente a los 48´5 millones de euros de 2021, más del doble y con una deuda muy inferior en cuantía, ya que ascendía a 3.576 millones de euros.

Novas ha destacado la reducción de la deuda en términos de PIB, que se situó a cierre de 2021 en 24´2% -un 1´1% menos que en 2020- y que, a final del actual ejercicio se reducirá tres puntos hasta el 21´2%.

MAYOR EJECUCIÓN EN 2022

Por su parte, el director general de Tributos, Francisco Javier García, ha resaltado en la Comisión de Hacienda que la ejecución presupuestaria de ingresos a agosto de 2022 es un 13´4% superior a la del ejercicio anterior, motivada por la compensación por el IVA y por la liquidación del ejercicio 2020, por las partidas extraordinarias del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y por la mejora de la recaudación de los tributos cedidos y los recursos propios.

Si se realiza la misma comparativa en la ejecución del presupuesto de gastos de 2021, respecto a 2020, la variación sería de casi el 5%, que se refleja en el aumento de las retribuciones y de los gastos derivados de la pandemia (119 M€ en el capítulo I). Además, y aunque el capítulo desciende presupuestariamente, la cuenta 409, y por tanto el gasto real, se incrementa en 39 millones de euros en el SES y 35 millones para la Junta.

En el capítulo 4, el incremento es de 137 millones y se destina a partidas en el ámbito del empleo (30 M€), de los servicios sociales (13 millones), de las ayudas a empresas (55), de la transferencia a la Universidad de Extremadura (13 M€) y del gasto en la farmacia del SES (21).

También es significativo, según ha matizado el director general, el ascenso de 81 millones del capítulo VII, destinado principalmente a las ayudas a empresas (61 M€) y a familias para la mejora de la eficiencia energética (7M€).

Por último, el capítulo III se reduce 17 millones, gracias a las refinanciaciones de los Fondos de Liquidez Autonómica de los ejercicios 2017, 2018 y 2019.

Cabe reseñar que más del 70% del gasto se destina a los servicios públicos fundamentales, al que se destinan 4.394 millones frente a los 4.063 millones de euros que destinaron en 2021, es decir, un aumento del 8,1%. Un porcentaje que supone invertir 330 millones más en actuaciones de carácter social.

Asimismo, García se ha referido a la ejecución presupuestaria de ingresos a cierre de 2021, en la que no se han producido flujos extraordinarios de ingresos, ya que ésta ascendió a 5.814 millones de euros y los derechos reconocidos sobre las previsiones definitivas alcanzan casi el 95%.

Aunque si se realiza una comparación con 2020, en términos de derechos reconocidos, el resultado es una variación positiva del 12´4% a pesar de la minoración en 62 millones de euros de los recursos del Sistema de Financiación Autonómico.

Una subida que se debe, según ha explicado el responsable de Tributos, a las partidas recibidas a través del Real Decreto 684/2021, sobre la distribución y el libramiento de la dotación adicional de recursos para las Comunidades Autónomas (317 M€), del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (354 M€), del REACT-EU (163), del Real Decreto – Ley 5/2021, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19 (106) y por la mejora de la recaudación de los tributos cedidos (50) y de los recursos propios (25 M€).

Esta situación se da, igualmente, en el conjunto de las comunidades autónomas, con una variación positiva del 5´84% en la comparativa de los ejercicios 2021 y 2020, debido principalmente a las partidas del Estado para paliar los efectos de la pandemia.

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