Aún resuenan los ecos de la multitudinaria concentración celebrada en la plaza de España de Mérida para pedir que la Junta de Extremadura no deroge la Ley de Memoria Histórica de Extremadura.
Y digo que aún resuenan los ecos, pues tras las manifestaciones a los medios de comunicación de responsables de las Asociaciones acerca de sus preocupaciones por el mantenimiento de las políticas públicas al respecto, hemos podido escuchar y leer la respuesta inmediata de la Consejera de Cultura.
En este sentido, no podemos estar más de acuerdo con ella en el deseo de que, junto a otras instituciones, como las dos diputaciones y la Universidad, se siga profundizando, en este caso a través de la renovación del Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (PREMHEX), en las actuaciones relacionadas con la dignificación de las víctimas.
Es más, animamos a la Junta de Extremadura a que complete estas inquietudes ampliando el presupuesto dedicado a la recuperación de los restos de los asesinados por el franquismo ( muchas de cuyas fosas están aún pendientes de iniciarse los procesos de intervención, búsqueda y exhumación de las personas que todavía allí se encuentran).
Insisto en este asunto, pues debe quedar claro que es totalmente insuficiente la colaboración institucional de la administración autonómica para las tareas de prospección en minas, cunetas y fosas comunes a través del Proyecto Institucional.
En este sentido, cuando los responsables políticos de la Junta de Extremadura se refieren a las intervenciones que se van a realizar de manera inmediata y a la cuantía de las inversiones en este tipo de políticas, obvian que, en buena media, es gracias a las aportaciones que se hacen, vía transferencia, por parte del Gobierno de España.
Por esa razón, prevalece, es decir, predomina en estos discursos, el intento de trasladar a la opinión pública un mensaje, del que sin duda estaríamos de acuerdo: la ejecución de políticas públicas de apoyo a la Memoria Histórica y Democrática.
Ahora bien, seria deseable que esas manifestaciones vinieran acompañadas del capítulo dedicado al efecto y no enmascarado en otro tipo de posibles iniciativas, dentro de los presupuestos regionales.
Si partimos del acuerdo, en principio, por todos los agentes implicados: sociedad civil y distintas administraciones, en lo necesario que suponen estas reparaciones, no nos desviemos de la cuestión y aportemos al debate sobre la profundización en la materia, la dotación de los recursos materiales y humanos que se precisen.
De ahí, la imperiosa necesidad de desarrollar la actual Ley.
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