Extremadura defiende que el nuevo modelo del Sistema de Financiación Autonómico debe partir de un gran pacto entre los principales partidos de gobierno del país, sin confrontaciones entre Comunidades Autónomas ni entre cuáles ganan o pierden, ya que el resultado debe ser que todas las autonomías salgan beneficiadas.
Así se ha pronunciado la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, en la mesa redonda sobre ‘La reforma pendiente: sobre urgencias y parches’, organizado por la Red de Investigadores en Financiación autonómica y Descentralización financiera en España (RIFDE) y la Cátedra de Finanzas Autonómicas de la Universidad de Vigo.
Blanco-Morales ha asegurado que la negociación del nuevo sistema no debe iniciarse por el reparto, sino que hay que definir a qué queremos dedicar los recursos, y determinar qué sanidad necesitamos, qué educación queremos, qué protección del medio ambiente, qué atención a la dependencia o qué infraestructuras requerimos, ámbito en el que Extremadura reivindica no solo la mejora del ferrocarril.
Una vez definidas esas cuestiones, Extremadura considera necesario saber cuántos ingresos son necesarios, es decir, cómo tener los recursos suficientes para hacer frente a esos servicios públicos que necesitamos.
La titular de Hacienda ha asegurado que, a partir de ese momento, será cuando haya que valorar si el reparto se ajusta a la población o a la población ajustada y si se valoran aspectos como la dispersión o la despoblación.
La vicepresidenta primera ha afirmado que Extremadura tiene que hacer frente a las necesidades de una población dispersa y envejecida y mantener todos los ayuntamientos, así como realiza un importante esfuerzo para atraer y consolidar el actual tejido empresarial, motivo por el cual no puede ser califica como una comunidad suprafinanciada.
Asimismo, ha resaltado la estabilidad política de la región, las medidas adoptadas para la simplificación administrativa y el papel de la concertación social.
Por ello, Extremadura defiende que el nuevo modelo asegure el papel del Estado como garante de los principios de igualdad, equidad y suficiencia, postule la equidad y la solidaridad y valore adecuadamente lo que cuesta prestar los mismos servicios en cada comunidad autónoma, un proceso en el que es imprescindible que se tengan en cuenta factores como la despoblación, la dispersión o el empleo.
Del mismo modo, mantiene que es preciso un equilibrio vertical en la prestación de los servicios públicos en todos los territorios, en cumplimiento del principio constitucional de igualdad como valor sobre el que se ha construido el Estado social y democrático de derecho. En este contexto, la vicepresidenta primera ha añadido que lo que está en juego es la democracia y el Estado del Bienestar.
Por último, Blanco-Morales ha mantenido que en el Sistema de Financiación están todas las comunidades, a excepción de País Vasco y Navarra que tienen un sistema de cupos recogido en la Constitución; un modelo que Extremadura no cuestiona, pero sí que exige que se negocie de forma más transparente y que ambas participen de manera más solidaria en los problemas de todos los españoles.
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