La Junta de Extremadura da un paso más en su afán por hacer de la Administración autonómica un instrumento al servicio de los ciudadanos y una palanca para el progreso en la región, con una norma ambiciosa e innovadora, el proyecto de Ley de Racionalización y Simplificación Administrativa, con la que sienta las bases para garantizar un modelo de gestión dinámico y flexible.
El proyecto de ley acompaña a los particulares en sus iniciativas, reduciendo obstáculos y trámites burocráticos, confiando en los ciudadanos y diseñando sus procedimientos en función de esa confianza.
Así ha definido la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, el objetivo de este proyecto de ley en el debate a la totalidad del mismo celebrado este jueves en la Asamblea de Extremadura.
Esta norma, según ha explicado, tiene un triple objetivo. El primero es establecer un modelo de gestión flexible en el ejercicio de las políticas públicas, basado en la gobernanza por proyectos y articulado a través de las calificaciones integrales, la tramitación conjunta de proyectos y la gestión coordinada de procedimientos.
La segunda finalidad de la norma es racionalizar el régimen general de intervención administrativa y cambiar la forma de interactuar con ciudadanos y empresas. Esto se materializa, según ha explicado la titular de Administración Pública, en el principio de intervención mínima y, en el día a día de los ciudadanos, en la generalización de las declaraciones responsables y las comunicaciones.
En este sentido, las declaraciones responsables se exigirán para los supuestos en que los interesados precisen de la acreditación de determinados requisitos para el reconocimiento de un derecho o facultad, o para su ejercicio; y las comunicaciones para poner en conocimiento de la Administración los datos identificativos o cualquier otro relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho.
Blanco-Morales ha resaltado que estas medidas se adoptan sin renunciar al control que garantiza que la acción de la Administración cumple sus fines y se desarrolla por los cauces legalmente previstos. En este ámbito, ha matizado que las labores de comprobación o verificación se mantienen pero se realizarán de oficio y proactivamente, sin requerir la intervención de los interesados.
El tercer objetivo del proyecto de ley es la simplificación administrativa por dos vías. La primera, a través de la promoción efectiva de la simplificación en todos los ámbitos competenciales, que conlleva que se remuevan los obstáculos que la impidan o dificulten, así como la realización de las adaptaciones necesarias para ello.
La segunda vía de simplificación se centra en las medidas orientadas a flexibilizar la tramitación de los procedimientos, agilizarlos y reducir su duración y que afecta a cuestiones como la tramitación y emisión de informes, la tramitación urgente de iniciativas normativas, la reducción en los plazos de resolución, los registros y la proximidad a la ciudadanía.
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