El Partido Popular de la Provincia de Cáceres pide al Gobierno de Pedro Sánchez que ejecute el Proyecto de Medidas Correctoras y de Protección Ambiental en el entorno de la Presa de Alcollarín. Este proyecto supondría una inversión de cerca de 1,8 millones de euros en el municipio.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ya ha registrado una pregunta en comisión al respecto.
Cristina Teniente, la diputada en el Congreso por Cáceres, ha visitado la presa. Allí, ella ha podido comprobar, sobre el terreno, cómo este Gobierno da la espalda a las zonas rurales. “Exigimos respuestas de por qué esto está estancado, sin ejecución”.
Se trata de unas obras que debían realizarse tras finalizar la construcción de la presa en el año 2015. Al ser contempladas por la Declaración de Impacto Ambiental, estas obras son de obligado cumplimiento.
La buena conexión y la comunicación constante entre el gobierno local y el ministerio se interrumpió radicalmente. Esto ocurrió al llegar el PSOE al Gobierno. Este es otro ejemplo del abandono del Gobierno de Sánchez. Ha abandonado la provincia de Cáceres y sus pueblos.
“Estamos hablando de un motor económico para la comarca y el municipio de Alcollarín. Esto no puede permanecer en el cajón del olvido y del abandono. Todo lo que pasa por el Gobierno de Sánchez está solo preocupado por su supervivencia”.
En 2015 el presupuesto acordado era de 1.790.667,02 euros más IVA.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de entonces se comprometía a actuaciones medioambientales con esta cantidad. Estas incluyeron la reforestación de las márgenes del embalse. Se utilizaron plantaciones de especies autóctonas, con una reparación previa del terreno.
Se incluía la restauración del Río Alcollarín y del Arroyo del Peral. También se realizaron trabajos para la mejora de la fauna en la zona.
Además, se debería construir un parque periurbano con carril bici y aparcamientos. También incluir pistas deportivas, mobiliario y zona de recreo, entre otras instalaciones. También incluía la construcción de un parque municipal.
El alcalde de Alcollarín, Juan Salvador Calzas, asegura que esta inversión supondría un impulso importante para la localidad. También beneficiaría a toda la comarca. Se traducirían en puestos de empleo. Consolidaría el embalse como el motor económico del pueblo por los diferentes servicios que ofertaría.
“Es un compromiso plasmado en una resolución. A día de hoy, no se ha cumplido. Es algo que sería clave para el desarrollo de nuestro pueblo”.
El GPP en el Congreso de los Diputados a través de sus representantes de la provincia va a seguir trabajando. Extremadura debe recibir las inversiones que le corresponden. El Gobierno de Sánchez y sus ministros se encargan de negar estas inversiones.
Pedro Sánchez, con el apoyo por acción u omisión del PSOE de Extremadura, no sólo niega la Alta Velocidad. También se olvida de las autovías en los municipios más poblados. Se ha convertido en el principal enemigo de las zonas rurales. Las deja sin recursos y sin futuro, como en el caso de Almaraz. Las aísla sin autobuses y cierra cuarteles de la Guardia Civil. Mete en el cajón las inversiones a las que nuestros pueblos tienen derecho, como es el caso de Alcollarín.
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