El director general de Patrimonio y Contratación Centralizada, Juan Pedro León, ha defendido que la contratación pública debe usarse de forma estratégica como mecanismo de dinamización económica, con énfasis en la calidad como el elemento clave para satisfacer adecuadamente las necesidades y expectativas ciudadanas.
Así lo ha explicado en el I Encuentro Autonómico de Contratación Pública, que se celebra este jueves y mañana viernes en Toledo, en que se ha referido a las consecuencias de la tradicional compra de bienes y servicios al precio más bajo, lo que ha provocado contrataciones de muy baja calidad y el posterior aumento del gasto, debido a la necesidad de realizar una nueva compra que corrija al anterior.
Del mismo modo, la compra al precio más bajo supone una deslocalización de la producción para ahorrar costes, el cierre de empresas, el aumento del paro en los países que precisamente contratan a ese precio bajo, un deterioro extraordinario de las relaciones laborales, el incremento del gasto en prestaciones sociales y la reducción de la capacidad recaudatoria.
De ahí, ha proseguido León, que la Junta de Extremadura haya puesto en marcha numerosas iniciativas en los últimos años, entre las que destaca el Decreto-Ley de mejora de la calidad en la contratación pública, que introduce elementos para que la ejecución de los contratos se realice en mejores condiciones y que las prestaciones sean de mayor calidad.
El director general de Contratación Centralizada ha destacado que la norma extremeña introduce la variable calidad-precio como criterio preferente, de forma que el precio no sea tan determinante como hasta la fecha y se eviten situaciones habituales de baja calidad de las prestaciones o de modificaciones de contratos vaticinadas desde la propia adjudicación, por ofertas mediocres que ponen en riesgo la satisfacción del interés público de los contratos.
También se ha referido a la necesidad de que la contratación pública se desarrolle y se convierta en un instrumento útil para la lucha contra la despoblación del medio rural.
Por ello, ha defendido que deben removerse los obstáculos para una mayor y más fácil participación de las PYMES en la contratación, especialmente en los entornos rurales, para afrontar el reto demográfico en consonancia con las directrices de la Unión Europea.
En este sentido, ha considerado posible introducir en el debate medidas como la reserva de contratos a PYMES o micropymes, la admisión del arraigo en los entornos rurales amenazados, la modificación de la contratación menor y una menor exigencia para los procedimientos específicos para contratación con PYMES o micropymes.
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