El Consejo de Gobierno aprueba un decreto-ley que permitirá que los empleados públicos perciban la totalidad del salario en caso de enfermedad

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado en su sesión de este martes un decreto-ley que permitirá que los empleados públicos de la Administración regional puedan percibir el cien por cien de sus retribuciones en caso de enfermedad, según ha informado en rueda de prensa la vicepresidente y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales.

Se trata de una medida que hace extensiva también a las situaciones de maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia.

De este modo, según ha explicado la vicepresidenta, los empleados públicos que se encuentren en situación de incapacidad temporal o en algunas de las situaciones referidas anteriormente no tendrán ningún descuento en sus nóminas y podrán percibir la totalidad de sus retribuciones desde el primer día, siempre que acrediten esas situaciones mediante el correspondiente parte de baja o justificante médico.

Blanco-Morales ha señalado que con este decreto-ley se da cobertura normativa, con el máximo rango, al acuerdo adoptado por la Junta de Extremadura y las organizaciones sindicales en la Mesa General de Negociación celebrada el pasado 20 de junio de 2018 sobre recuperación de derechos de los empleados públicos.

Ese acuerdo fue materializado posteriormente en medidas concretas en la Mesa General de Negociación celebrada el pasado 23 de noviembre.

La responsable de Hacienda y Administración Pública ha manifestado que espera de los grupos políticos con representación en la Asamblea de Extremadura que, en el trámite de convalidación del decreto-ley,  respalden “el compromiso con los empleados públicos” que ha mostrado la Junta de Extremadura para recuperar unos derechos que “nunca se debieron perder”.

En este sentido, ha considerado que “atribuir al enfermo la culpa de su enfermedad y penalizarlo con una reducción de salario es inadmisible y lo es más cuando se trata de los empleados públicos”.

En relación con ese compromiso de recuperación de derechos, la vicepresidenta ha recordado algunas de las medidas que se han adoptado en los tres últimos años, como la flexibilización y racionalización de la jornada, el teletrabajo y el disfrute fraccionado de los días de asuntos propios.

Junto a ello ha mencionado los derechos económicos, como el abono de la paga extra suprimida en 2012 o las máximas subidas salariales que han permitido los presupuestos generales del Estado “y que nos dan un 5 por ciento acumulado”.

MÁS DE 19 MILLONES PARA CREACIÓN DE EMPLEO

Por otra parte, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Gil Rosiña, ha anunciado que el Consejo de Gobierno ha aprobado medidas de fomento de la contratación y de formación para el empleo por un importe global de más de 19 millones de euros.

En primer lugar, el Ejecutivo ha autorizado  la convocatoria de subvenciones públicas para el fomento de la contratación indefinida en la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente al ejercicio de 2019, con una dotación económica de 18 millones de euros.

Con esta convocatoria se estima que se pueda subvencionar la creación o transformación de más de 5.500 puestos de trabajo indefinido.

Por otra parte, según ha explicado Gil Rosiña, se ha autorizado la convocatoria de subvenciones a las entidades promotoras, empresas colaboradoras y alumnos participantes en la etapa de prácticas no laborales de los proyectos del Programa “Escuelas Profesionales de Extremadura”, derivados de la convocatoria de subvenciones aprobada mediante orden de 21 de junio de 2017, con una dotación global de 765.204 euros.

En este sentido, se prevé que en la etapa de prácticas no laborales en empresas participen 341 alumnos.

También se ha autorizado la convocatoria de subvenciones destinadas a la compensación, a las entidades promotoras, empresas colaboradoras y alumnos participantes en la etapa de prácticas no laborales del programa complementario de formación de Escuelas Profesionales de Extremadura, regulado por el  decreto 41/2017, de 4 de abril, por un importe global de 172.788 euros.

Se prevé que en la etapa de prácticas no laborales en empresas participen 77 alumnos.

Además, se ha autorizado la convocatoria de subvenciones a centros o entidades de formación que hayan ejecutado acciones formativas para la obtención de certificados de profesionalidad, dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas, con una dotación de 100.000 euros.

Se estima que un total de 55 entidades de formación podrían beneficiarse de la ayuda. Se contratarán unos 90 tutores de prácticas, afectando a 600 alumnos que podrán realizar el módulo de formación práctica en centros de trabajo de la región.

((seguirá ampliación))

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