El Consejo de Gobierno aprueba medidas urgentes y extraordinarias en materia de política social y sanitaria

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha informado del decreto-ley que se ha aprobado este viernes en la reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno, por el que se ponen en marcha medidas urgentes y extraordinarias en materia de política social y sanitaria.

Estas nuevas medidas pretenden garantizar la renta de los más desfavorecidos; mantener, a través de los conciertos sociales, la prestación de servicios a los colectivos que actualmente precisan de una atención más urgente y extraordinaria; reforzar el personal sanitario que lucha contra la actual crisis sanitaria; y agilizar la tramitación de subvenciones, sobre todo destinadas a entidades sin ánimo de lucro.

Vergeles ha asegurado que este decreto-ley “significa una reflexión por parte del Gobierno sobre las consecuencias que esta pandemia está ocasionando en nuestra sociedad” y ha añadido que “viene a resolver muchos problemas de las personas, de la sociedad extremeña, de aquellos que lo están pasando peor en estos momentos”.

En opinión del vicepresidente segundo, este decreto-ley “viene a reforzar el papel del sistema sanitario”.

Según el decreto-ley aprobado, en materia de subvenciones se establece que todas las convocatorias relativas a actuaciones en materia de política social, sanitaria, sociosanitaria o de salud pública, no publicadas antes del estado de alarma y que deban tramitarse y publicarse con carácter urgente por razones de interés general, se someterán al régimen previsto en el decreto-ley 3/2020, de 25 de marzo.

Esto supone que se habilita a los distintos departamentos para efectuar las modificaciones precisas en el cumplimiento y acreditación de los requisitos y condiciones previstos, incluida la posibilidad de suspender o prorrogar los plazos, cuya ejecución, a consecuencia de la emergencia sanitaria y del estado de alarma, resulte imposible o no pueda llevarse a cabo en sus propios términos.

Hay que tener en cuenta que estas subvenciones están destinadas habitualmente a entidades sin ánimo de lucro que vienen desarrollando programas y actuaciones permanentes que complementan el marco de atención social y sanitaria de servicios públicos y que, por su naturaleza, carecen de la solvencia necesaria para sufragar el mantenimiento de programas y servicios durante un largo período de tiempo.

También se incluye la exención, para los beneficiarios de la Renta Básica Extremeña de Inserción y de la Renta Extremeña Garantizada, del cumplimiento de los compromisos suscritos en los respectivos Proyectos individualizados de Inserción y Programas de Acompañamiento para la Inclusión, durante la vigencia del estado de alarma, ante la imposibilidad de llevarlos a efecto.

En cuanto a los conciertos sociales para la prestación de servicios en los ámbitos social, sanitario y sociosanitario, se arbitra un instrumento transitorio para garantizar la continuidad en la atención de los beneficiarios del Marco de Atención a la Discapacidad en Extremadura (MADEX).

Y, además, se garantiza una mayor agilidad en la tramitación de todas las reglamentaciones técnicas asociadas a los conciertos sociales y se dota de seguridad jurídica a la colaboración entre las diferentes administraciones públicas.

Por último, se elimina el requisito de nacionalidad en el nombramiento como personal estatutario de extranjeros extracomunitarios para determinadas especialidades médicas.

El objetivo de esta medida es evitar la carencia de personal en determinadas especialidades médicas en nuestro sistema sanitario fomentando la llegada de especialistas extracomunitarios y permitir, por tanto, que, en las próximas convocatorias de acceso a la condición de personal estatutario, nuestra región pueda posibilitar la llegada de este tipo de personal, medida que ya se ha adoptado en otras comunidades autónomas.

El consejero ha señalado que esta norma es el resultado de un Gobierno responsable que actúa con transparencia y con conciencia social, que aprueba medidas extraordinarias y urgentes para que las consecuencias sanitarias sean las menores y, ha añadido, “podamos resolverlas cuanto antes pero reconociendo que se derivan consecuencias a las que hay que dar una respuesta urgente”.

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