Sustituir los procedimientos administrativos por declaraciones responsables, tanto para los ciudadanos como para las empresas, es el objetivo principal del proyecto de ley que ha aprobado este miércoles el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, un texto que supone “un gesto de confianza en la ciudadanía”, en palabras del presidente del Ejecutivo, Guillermo Fernández Vara.
Además, con la futura Ley de Racionalización y Simplificación Administrativa, la Junta de Extremadura pretende lanzar “una señal muy potente” en el sentido de que en la Comunidad Autónoma los proyectos se tramitan “con celeridad y en el menor tiempo posible”, ha manifestado Fernández Vara.
El presidente ha resumido en tres ideas fundamentales el proyecto de ley que será remitido a la Asamblea de Extremadura y podría quedar aprobado antes del próximo verano. La primera de ellas supone un cambio en el modo de trabajar de la Administración y consiste en la denominada gobernanza “por proyectos”, en lugar de por competencias o materias.
Esto se traduciría en el empleo de recursos como las calificaciones integrales, las tramitaciones conjuntas de proyectos y la gestión coordinada de procedimientos, así como las encomiendas de gestión o la creación de unidades administrativas de carácter provisional en las que intervienen representantes de distintos departamentos de la Administración.
Esta práctica ya es una realidad en la Administración autonómica, según Fernández Vara, y es la que ha permitido que lleguen a la región tantos proyectos de energías renovables y que en este momento la región cuente con el 27 por ciento de toda la potencia instalada en España en este tipo de energías.
El segundo eje al que se ha referido Fernández Vara es el de la racionalización del régimen general de la intervención administrativa, en el que se introduce el concepto de “mínima intervención” y cuyo objetivo es sustituir las autorizaciones y las licencias por un único acto administrativo que son las declaraciones responsables por parte de ciudadanos y empresas. Esto supone que será la Administración la que deba comprobar si los datos se ajustan a los criterios exigidos.
Esta nueva forma de entender el funcionamiento de la Administración parte de una idea que sitúa al “Estado como servidor del ciudadano” y supone eliminar el régimen de licencias y autorizaciones previas que suponía “añadir más burocracia”, ha explicado el presidente.
En tercer lugar, la puesta en marcha de esta ley introduce cambios en la tramitación y emisión de informes. En este sentido, habrá un plazo de diez días para la emisión de informes y dictámenes, y además se emitirán simultáneamente, con lo que se evita tener que esperar a la emisión de un informe por parte de un departamento para poder solicitar otro.
También, como regla general, el plazo máximo de notificación de la resolución en todos los procedimientos de competencia de los órganos, organismos y entidades de la Administración pública autonómica será de tres meses.
Además, se suprime la obligación del alta a terceros, que hasta ahora funcionaba como
“un escudo protector para la Administración”. Y todo ello enfocado, ha añadido, a atraer inversiones y a hacer la vida más fácil a los ciudadanos.
Este tipo de leyes, ha dicho Fernández Vara, generan una “dinámica” que hará que dentro de poco el funcionamiento de los gobiernos no será –como hasta ahora- por distribución de competencias sino por proyectos.
Asimismo, se ha mostrado convencido de que la ley extremeña será “replicada” por otras administraciones, como ha ocurrido con la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística de Extremadura (LOTUS) y la Ley para una Administración Más Ágil.
Be the first to comment