La Asamblea de Extremadura ha aprobado este jueves, la Ley de Contratación Socialmente Responsable de Extremadura, la primera normativa regional en este ámbito, y cuyo objetivo prioritario es permitir una colaboración de la actividad contractual autonómica en la ejecución de políticas de carácter social y ambiental.
La ley pretende asimismo lograr una mayor transparencia, facilitar el acceso de las pymes a la contratación pública autonómica y conseguir una mejor relación entre calidad y precio, a través de la introducción de consideraciones medioambientales, sociales o de innovación.
La obligatoriedad de la licitación electrónica es otro de los aspectos novedosos de la nueva ley extremeña, con la finalidad de conseguir una mayor eficiencia y un ahorro en el coste de los servicios públicos.
En este sentido, hay que resaltar que Extremadura ya licita de forma electrónica todos sus contratos y ha formado a más de 1.500 empresarios y empleados públicos en este ámbito.
La normativa extremeña entrará en vigor de forma cuasi inmediata, el próximo 1 de enero de 2019, y la constitución de la Oficina Extremeña de Supervisión en materia de contratación se ha adelantado, durante el trámite parlamentario, de 12 a 9 meses.
Los trabajos previos en comisión han permitido, además, ampliar el ámbito de aplicación de la ley a la Universidad de Extremadura, ya que inicialmente sólo afectaba a la contratación de la Junta de Extremadura y de los entes locales.
Asimismo, se han incluido mejoras técnicas y de redacción en la ley, que han permitido incluir requerimientos de carácter medioambiental en varios artículos y nuevas disposiciones a favor del pequeño empresario.
Un ejemplo de ello es la ampliación de los plazos a favor del licitador o que el órgano de contratación pueda establecer limitaciones en la adjudicación y no en la presentación de las ofertas.
La Ley de Contratación Socialmente Responsable de Extremadura persigue la eficiencia en este ámbito, al mismo tiempo que garantiza que los contratos se encuentren sujetos al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo, obligación que igualmente se traslada a los subcontratistas respecto de su personal.
En definitiva, esta normativa fomenta la participación de las pequeñas y medianas empresas, las que mayor peso tienen en la región, en la contratación pública, de forma que se refuerza el tejido productivo, se genera empleo y se estimula la innovación.
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